El IBI y las Viviendas de Protección oficial
El Impuesto sobre Bienes Inmuebles, conocido también como contribución, es un impuesto encuadrado en el sistema tributario local de España, de exacción obligatoria por los ayuntamientos, que grava el valor de la titularidad y otros derechos reales que recaen sobre inmuebles localizados en el municipio que recauda el tributo. Su gestión se comparte entre la administración del estado y los Ayuntamientos.
Su carácter real se deduce del gravamen que hace sobre la titularidad de los inmuebles o sobre los derechos que recaigan en los inmuebles, independientemente de qué sujeto ocupe su titularidad. Tiene además carácter objetivo, derivado de una cuantificación de la carga tributaria que atiende exclusivamente al valor del objeto y no a las circunstancias de los sujetos pasivos.
El hecho imponible está constituido por la propiedad de los bines de naturaleza rústica y urbana sitos en el respectivo término municipal, o por la titularidad de un derecho real de usufructo o de superficie, o de la de una concesión administrativa sobre dichos bienes o sobre los servicios públicos a los que estén afectados, y grava el valor de los referidos inmuebles.
Sobre la valoración catastral del inmueble, los municipios suelen aplicar un porcentaje (en Montijo, el 0,61%) que da lugar a la cuota del impuesto.
Por ello, una vez que realizamos la declaración catastral de alteración de la titularidad catastral del inmueble, y recibimos la notificación del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas sobre el valor catastral asignado a nuestra propiedad, tenemos que mirar que sea un valor correcto, ya que de ello va a depender la cuota del impuesto. Si no estamos de acuerdo, es el momento de presentar la reclamación que estimemos oportuna.
Aunque cuando realizamos una adquisición de un inmueble, el notario suele poner en la escritura (si el inmueble tiene referencia catastral) que se va a presentar telemáticamente al Catastro, al alteración catastral producida, desde Inmobiliaria Colón, solicitamos a la Dirección General del Catastro, que practique dicha alteración, para que el adquirente garantice el cambio de titularidad, el año siguiente a la realización de la compraventa.
En el caso de viviendas de protección oficial, tendrán derecho a una bonificación del 50 por ciento en la cuota íntegra del impuesto, durante los tres períodos impositivos siguientes al del otorgamiento de la calificación definitiva, las viviendas de protección oficial y las que resulten equiparables a éstas conforme a la normativa de la respectiva comunidad autónoma.
Acreditación de que el inmueble está considerado como vivienda de protección oficial mediante la correspondiente «Calificación definitiva» emitida por la Junta de Extremadura.
